Este artículo presenta una detallada aproximación al debate sobre el origen, alcances y perspectivas del concepto de Gobierno Abierto, y sus principales elementos constitutivos. El autor propone entenderlo como una plataforma para la participación y la colaboración a través de ecosistemas abiertos de datos que favorezcan la co-creación, el co-diseño y la co-gestión de servicios ofrecidos por los gobiernos y las administraciones públicas . Todo ello fundamentado en la confianza, la co-responsabilidad y el compromiso.
Los principios a los cuales está asociado el Gobierno Abierto son tres: a) transparencia y acceso a la información del sector público, b) participación ciudadana en el diseño e implementación de las políticas públicas y c) generación de espacios de colaboración entre los diversos actores, particularmente entre las organizaciones públicas, la sociedad civil y el sector privado.
El concepto de gobierno abierto no es nuevo. Durante la segunda parte del siglo XX, se levantaron diversos movimientos ciudadanos y políticos a abogar por la apertura en el acceso a la información pública, por ejemplo, la declaración en el año 1966 de la Ley de Acceso a la Información en los EEUU. En esa misma línea, en el año 1987 el gobierno abierto en su concepción seminal en el Reino Unido hizo referencia a las cuestiones relacionadas con el secreto de gobierno e iniciativas para “abrir las ventanas” del sector público hacia el escrutinio ciudadano con el afán de reducir opacidad burocrática. Desde esos tiempos se afirmaba la necesidad de una ciudadanía informada y responsable, e indispensable para el control ciudadano de los actos públicos, la rendición de cuentas y el ejercicio de otros derechos económicos, sociales y culturales.
En 1999, Weir y Beetham lo consideraron como un elemento constitutivo que sustenta la democracia representativa, junto con un proceso electoral libre y limpio, la garantía de los derechos y libertades civiles y políticos, y una sociedad democrática o “civil”.
Más recientemente, se ha propuesto distinguir el concepto de transparencia y el de apertura. El primero, está vinculado a la posibilidad de hacer exigible la rendición de cuentas a la autoridad pública. El segundo, tiene como objetivo la búsqueda de espacios para que las personas tengan la oportunidad de participar en el proceso político utilizando la información a la cual acceden para ese propósito, influyendo en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas.
En la actualidad, las cuatro características principales que lo distinguen como un concepto y práctica novedoso/original son las siguientes. 1) la comunicación por el propio gobierno de información objetiva sobre sus políticas: en qué hechos se basan, sus consecuencias en la práctica, sus costes, etc.; 2) el acceso de los ciudadanos y de la prensa a los documentos gubernamentales, tanto directa como indirectamente a través del parlamento; 3) la apertura de las reuniones al público y a la prensa (actas de organismos públicos); y 4) la consulta sistemática por el gobierno a los principales interesados en la formulación y ejecución de determinada decisión política y la publicación de las informaciones y opiniones recogidas al respecto.
Desde la perspectiva de la OCDE, un gobierno abierto es aquel en el que las empresas, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los ciudadanos pueden obtener información relevante y comprensible, obtener servicios y realizar transacciones desde y con el gobierno, y participar en el proceso de toma de decisiones. Asimismo, añade que los principios del buen gobierno – la transparencia y la rendición de cuentas; la justicia y la equidad, la eficiencia y la eficacia, el respeto del imperio de la ley, y los altos estándares de comportamiento ético – representan la base sobre la cual construir un gobierno abierto.
(Continúa)